Qué propone Delaware
La iniciativa parte de una idea delicada: permitir que un agente de IA gestione una empresa entera sin una persona al mando en el día a día. El borrador citado por la información disponible describe una nueva entidad, llamada Artificial Intelligence Company o AIC, cuyo miembro único sería una persona o una sociedad que aporta capital y recibe los beneficios, mientras el agente de IA dirige la operación.
Ese borrador también prevé que la AIC pueda actuar como una empresa normal en muchos ámbitos: firmar contratos, poseer bienes, asumir obligaciones, demandar y ser demandada en su propio nombre. La excepción explícita sería la banca, que quedaría fuera de ese marco.
La propuesta incluye además un periodo de prueba de 30 meses mediante un *regulatory sandbox*, un entorno regulado para evaluar cómo funcionan estas compañías antes de decidir si la fórmula se incorpora de forma permanente a la legislación estatal. El propio planteamiento habla de probar el modelo “a la vista”, con supervisión y con capital vinculado a la responsabilidad.
La parte más polémica: la responsabilidad
La crítica central es que el texto puede separar el control de la responsabilidad. El borrador establece que el miembro de la AIC no respondería por los actos u omisiones de la empresa ni por lo que otro haga a instancias de esa entidad, salvo supuestos concretos como fraude, violación deliberada de la ley o casos en los que la compañía se use fuera de su propósito declarado.
En su carta al gobernador de Delaware, James Comer sostiene que ese esquema podría proteger a empresas tecnológicas e inversores frente a daños causados por la IA. También advierte de que la propuesta podría facilitar una captura regulatoria poco transparente y pidió documentación sobre el desarrollo de la iniciativa y sus riesgos de seguridad.
La preocupación no es menor en un estado como Delaware, que concentra la sede de una parte muy grande del tejido empresarial estadounidense. Aproximadamente dos tercios de las compañías del Fortune 500 están constituidas allí, así que cualquier cambio societario tiene un alcance potencialmente amplio.
Quién impulsa el plan y con qué argumento
El proyecto se enmarca en una colaboración entre la administración estatal y Norm Ai, una empresa que desarrolla agentes legales para negocios. La propuesta defiende que la respuesta no es prohibir estos sistemas, sino darles una forma jurídica reconocible para que sus actos sean visibles, trazables y atribuibles ante la ley.
La idea no es nueva. Delaware ya había anunciado en julio de 2026 un plan de sandbox para tecnologías de IA, y después la comisión estatal de inteligencia artificial creó un subcomité para trabajar en un posible marco regulatorio. La iniciativa actual es la continuación de ese proceso.
Lo que sí cambia ahora es el foco político. Comer ha dicho que su comité busca documentos sobre la propuesta y que esa revisión puede influir en eventuales medidas federales para limitar este tipo de iniciativas estatales. En la información disponible, el gobierno de Delaware ha confirmado únicamente que ha recibido la carta y la está revisando.
Qué significa para empresas y reguladores
Si Delaware acabara aprobando una figura así, el impacto no se limitaría a las startups que quieran experimentar con agentes autónomos. El estado es una jurisdicción clave para la constitución de empresas en Estados Unidos, así que una norma de este tipo podría servir de referencia para otros territorios o abrir una carrera regulatoria entre estados.
La gran incógnita sigue siendo hasta qué punto un sistema autónomo puede tomar decisiones empresariales reales sin volver difusa la responsabilidad humana. El borrador intenta fijar límites con capitalización mínima, registro de actividad y excepciones por fraude o abuso, pero todavía no está claro si esos controles bastan para los riesgos que plantea una compañía dirigida por software.
Por ahora, no consta que la propuesta haya entrado todavía en la legislatura estatal ni que exista un calendario cerrado para su tramitación. El siguiente paso confirmado es la revisión de la carta remitida por el Congreso.
